«Odia el delito y compadece al delincuente» Todos alguna vez hemos escuchado esta máxima de Concepción Arenal, y desde luego el sistema penal español es posible que odie al delito, pero lo que es un hecho es que compadece al delincuente. La lástima es que se ha olvidado completamente de la víctima.
Es cierto que el artículo 25.2 de la Constitución (en la Sección primera del Título Segundo, además, lo cual le otorga una especial tutela de acuerdo con el art. 53.2) establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social, y en el mismo sentido se pronuncian normas internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento, pero es evidente (al menos para mí) que el espíritu de esas normas es que el penado se reinserte en la sociedad en condiciones de no volver a delinquir, de no dañarla, ni a ella en general ni a ninguno de sus miembros en particular.
Cada vez que un preso comete un delito durante un permiso penitenciario se alzan voces pidiendo el cumplimiento íntegro de las condenas. No creo que ésta sea la solución. Si se establece que el condenado puede, razonablemente, volver a cometer al término de su pena un delito similar al que ya cometió, la sociedad vuelve a estar en franca indefensión, sobre todo si hablamos de delitos contra la vida y/o contra la integridad física, incluyendo en estos últimos las agresiones sexuales.
Centrémonos en las violaciones. Si el porcentaje de arrepentimiento es bajo, si la reincidencia es alta (cualquier fuente la cifra en más del 40%), si las terapias no curan, a lo sumo mejoran… ¿es necesario poner en peligro vidas? Desde luego una violación no es un asesinato, pero es el típico delito que lleva en progresión a una parte significativa de sus autores, casi todos los violadores-asesinos han comenzando siendo sólo (nada menos) violadores.
Acabamos de contemplar la muerte de dos mujeres en Hospitalet a manos de alguien que delinquía cada vez que salía de prisión, con un historial tremendo. Las medidas de control sobre su conducta (y sobre las de otros) se revelan ineficaces, pero al final, quien termina pagando el error no es ni quien las estableció, ni la junta de tratamiento y el Juez de Vigilancia Penitenciaria que las aplican, sino alguien que tiene la mala suerte de cruzarse en su camino; y esta vez han pagado con su vida.
No es el único caso. En 1992 había en Castilla y León un Juez de Vigilancia Penitenciaria que otorgó un permiso a un preso que cumplía una condena por agresión sexual pese a la opinión en contra de la psicóloga, el educador y la dirección de la prisión. De esta decisión la única perjudicada fue la niña de nueve años Olga Sangrador, secuestrada, violada, asesinada y encontrada dos días después en un pinar de Tudela de Duero; sigue enterrada en su tumba. Juan Manuel Valentín Tejero, el preso que cometió este delito, fue condenado a 20 años por el rapto y violación, y a 30 por el asesinato; cumplirá únicamente 20 de los 50 años impuestos porque se beneficia de la reforma del Código Penal, por lo que abandonará definitivamente la cárcel en 2013, con 51 años de edad, y este año la juez de Vigilancia Penitenciaria de Ciudad Real, Mercedes Pérez Barrios, contra el criterio del fiscal, ha concedido el segundo grado penitenciario a Valentín Tejero (que por motivos de seguridad figura en la prisión de Herrera de la Mancha bajo el nombre de Benedicto Rila Torres); esta situación permite la obtención de permisos de salida de prisión, aunque éstos no se concedan de forma automática. Y el último actor del drama, Ignacio Sánchez Yllera, sigue medrando a sus anchas, ahora es jefe de gabinete de Mª Teresa Fernández de la Vega, y letrado (iletrado) del Tribunal Constitucional; cada 25 de junio recibe la llamada de la madre de Olga Sangrador y algunos años, como éste, cuelga el teléfono cuando reconoce su voz.

Que la doctrina discuta si prevención o retribución de las penas, que Gimbernat siga clamando por la humanización, está bien, yo no reniego de ella, yo lo que quiero es no cruzarme con una alimaña una vez que hemos establecido, con todas las garantías por supuesto, que es una alimaña y que no va a dejar de serlo nunca. Por eso no quiero que cumplan íntegramente las penas, quiero que se reforme la pena de modo que posibilite apartarles para siempre de la sociedad, una vez que han demostrado que no pueden vivir en ella. Y la humanización de las penas no puede hacerse a costa de la vida (ya no digo seguridad, para no entrar de nuevo en la cansina dialéctica libertad-seguridad) de los ciudadanos.