Seguramente la característica de nuestra Constitución más señalada por la doctrina es la de ser una norma consensuada.
En 1978, partiendo de los datos sociales, políticos y económicos de la realidad española, intentando mantener un equilibrio entre la ruptura con el régimen anterior y su continuidad, quizá teniendo más claro lo que «no podía ser» que otra cosa, se sometió a referendum el proyecto de la Constitución que hoy es nuestra norma fundamental, y culminaba el proceso iniciado con la aprobación de la Ley para la Reforma Política.
Un consenso tan extenso no se había dado en la historia (cortita) del constitucionalismo español, donde hay más constituciones en las que predomina la imposición sobre la negociación, salvo en la de 1837. El valor de la de 1978 es que se intentó que en su resultado final no hubiese vencedores ni vencidos entre las fuerzas políticas, entre quienes provenían del régimen anterior y se habían incorporado al proceso de cambio democrático, y la oposición clandestina, legalizando los unos y legitimando los otros. Celebramos hoy su vigesimosexto aniversario, en medio de voces que piden su reforma, y sería bueno recordar que es posible modificar la Constitución, claro, pero que cualquier modificación exige al menos la misma generosidad y voluntad de entendimiento que hubo entonces.